El vicepresidente primero de la DAIA, Angel Schindel, afirmó hoy que es “un avance muy positivo” que la justicia haya dictado el embargo de propiedades que aparecen a nombre del ex consejero cultural de la embajada iraní en Buenos Aires, el clérigo Moshen Rabbani, como parte de una acción civil iniciada por una víctima del atentado a la AMIA, ocurrido en Buenos Aires en 1994.
“Me parece que es un avance muy positivo pero no nos imaginábamos que Moshen Rabbani tenía propiedades a su nombre en la Argentina”, dijo el dirigente comunitario en declaraciones a la Agencia Judía de Noticias (AJN).
Schindel agregó que el hecho de que se hayan detectado inmuebles a nombre de Rabbani “da satisfacción a un reclamo de naturaleza patrimonial que venía conjuntamente con la causa que está tramitando el juez (Rodolfo) Canicoba Corral”.
El directivo expresó que “llama la atención que Rabbani no haya vendido las propiedades antes sabiendo que podía llegar un embargo de esta naturaleza”.
“Más allá de esto, nos parece una buena medida la que está adoptando la justicia. De todas manera, estos avances no nos resuelve la incógnita de fondo que es que los culpables de acá o de afuera terminen compareciendo ante la justicia”, advirtió.
Respecto de la posibilidad de que este hallazgo pueda servir como pista para avanzar en el esclarecimiento del ataque a mutual, Schindel consideró que “primero habría que ver cuándo se compraron estas propiedades y con qué dinero”.
No obstante, aclaró que “son conjeturas e hipótesis” por lo que recomendó “analizar todo” antes de adoptar una posición.
Por su parte, el abogado de la víctima que presentó la demanda, Pablo Jacoby, consideró que el embargo dispuesto por la Justicia confirma que se está “en la línea correcta” y que “a los responsables del terrorismo hay que atacarlos por el lado civil”.
“Me llama la atención que, salvo por la actuación del fiscal (Alberto) Nisman y Canicoba Corral, desde el Estado nunca se haya investigado el patrimonio de los acusados”, afirmó el abogado.
Jacoby explicó que a partir del momento que “se traba el embargo y una vez que la acción civil esté notificada, este hombre (por Rabbani) tendrá que contestar la demanda”.
“El día que haya un juicio oral se verá si es responsable desde el punto de vista penal y civil”, agregó.
La Justicia argentina dispuso hoy el embargo de un inmueble ubicado en la avenida Gaona 3387/95 y Terrada 1111/35 del barrio porteño de Floresta y cuyo titular es Rabbani, quien registra pedido de captura internacional por su participación en el atentado.
El embargo dictado por la Justicia argentina fue adoptado a partir del requerimiento de una de las víctimas del atentado terrorista, y se suma a una medida similar ya solicitada por el fiscal Nisman sobre cuatro cuentas bancarias existentes en Alemania y en Suiza, que según trascendió estarían a nombre del ex presidente iraní Alí Rafsanjani y del ex jefe de los Guardias de la Revolución Moshen Rezahi, por casi 48 millones de dólares.
A fines de octubre pasado, el juez Canicoba Corral, a cargo de la causa AMIA, dispuso embargar los bienes de la organización terrorista Hezbollah y del ex presidente iraní Alí Akbar Rafsanjani, su ex ministro de información Allí Fallahiján, el ex canciller Alí Velayati, el ex embajador Hadi Soleimanpour, el ex jefe de la Guardia Revolucionaria Moshen Rezahi, el ex Jefe de la Fuerza “Al Quds”, Ahmad Vahidi, del ex secretario de la embajada iraní en Buenos Aires Ahmad Ashgari y del ex consejero cultural, Moshen Rabbani.
La medida fue dictada a partir de una acción civil entablada por un sobreviviente del atentado, que reclama un millón de dólares por los daños sufridos.
El fiscal había dictaminado que debía hacerse lugar, ya que “la República Islámica de Irán como la organización terrorista Hezbollah resultaban solidaria y plenamente responsables por los daños a la vida, a la integridad física, a la salud y a los bienes de los 85 fallecidos y los más de 200 heridos”.
GB